República de Colombia
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Boletín de prensa 11 de febrero de 2011
EL TIEMPO
EL GOBIERNO PREPARA DECRETO PARA REASIGNAR FUNCIONES DEL MININTERIOR
La nueva cartera del interior tendría dos viceministerios.
El Gobierno prepara un decreto mediante el cual reasignará las funciones del actual Ministerio del Interior, luego de que este sea separado del de Justicia, como está contemplado en la reforma del Estado, aprobada por el Congreso.
La nueva cartera del interior tendría dos viceministerios: uno de relaciones políticas y otro de participación e igualdad de derechos. Dentro de las funciones que desempeñaría el primero se encuentran, entre otras, trazar directrices que orienten el marco político de un Estado Social de Derecho.
El otro viceministerio lideraría la adopción de políticas relacionadas con derechos y libertades fundamentales de las minorías.
CUMBRE PARA CONSENSUAR LA REFORMA A LA JUSTICIA
En junio, Santos se reunió con los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Uno de los principales temas será la entrega de recursos a la Rama Judicial.
Este lunes y martes se escenificará en Bogotá una gran cumbre que busca sacar en blanco y negro el proyecto de enmienda constitucional que reforma a la justicia, el cual será presentando al Congreso el próximo 20 de julio.
Desde las 8 de la mañana, en la sede del Ministerio del Interior y de Justicia, el Gobierno, las altas cortes, la Fiscal General y el Procurador, entre otros, analizarán los principales puntos de la reforma constitucional y tratarán de llegar a un consenso sobre los temas espinosos.
Entre los principales temas que contiene la propuesta de enmienda se encuentran los recursos que se entregarán a la Rama Judicial, el periodo de 12 años para los magistrados, la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas y las nuevas herramientas con las que se pretende dotar de más dientes a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que juzga al Presidente, al Vicepresidente, al Fiscal y a los magistrados de las altas cortes.
La semana pasada, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se reunió con los presidentes de las cortes para avanzar en el estudio del texto final.
El encuentro de hoy será instalado por el presidente Juan Manuel Santos, quien ha manifestado su total compromiso con la propuesta.
La metodología a la que se acudirá será el análisis y debate de los temas medulares de la reforma. Este ejercicio se realizará durante dos horas, reloj en mano. Si se logra un consenso, así será incluido en el proyecto. En caso contrario, estos asuntos se le entregarán al Congreso para que los aborde durante el trámite de la reforma.
Otro de los puntos sobre las modificaciones de la Rama que se abordarán será una reglamentación de la acción de tutela, consagrada en la Constitución de 1991.
La idea de estas nuevas reglas, según ha dicho el ministro Vargas, no es afectar a los ciudadanos, sino evitar que procedan recursos de jueces contra fallos de tribunales o altas cortes.
Con esta reforma, lo que el Gobierno Nacional pretende es darle mayor acceso al ciudadano del común a la administración de justicia, descongestionar los despachos judiciales de los procesos represados, otorgar mayor seguridad jurídica y fortalecer los mecanismos mediante los cuales se desarrolla el juzgamiento de los servidores públicos en el país.
ASÍ ARRANCA EN LA CORTE DEBATE DEFINITIVO POR MATRIMONIO GAY
Se enciende el debate por el matrimonio gay en la Corte Constitucional.
Magistrados tienen hasta el viernes 22 de julio para decidir la demanda que busca la modificación.
Con ponencia en contra, arranca en la Corte Constitucional el debate definitivo sobre el derecho de las parejas gay a que se les reconozca el derecho al matrimonio.
Los nueve magistrados de ese tribunal tienen hasta el viernes 22 de julio para decidir la demanda que busca modificar el concepto de matrimonio que rige desde 1887 en el Código Civil, según el cual solo se le puede dar ese reconocimiento a la unión entre un hombre y una mujer.
En noviembre pasado, la misma Corte devolvió la demanda por razones de forma y el debate quedó en la nevera. Pero esta vez, dicen fuentes del alto tribunal, habrá una definición frente a uno de los últimos derechos que les quedan por conquistar a los homosexuales en Colombia.
El pasado miércoles, la ponencia del magistrado Gabriel Mendoza pasó a estudio de sus colegas. EL TIEMPO conoció que Mendoza mantiene la posición que ha esgrimido en debates similares: la defensa de la familia tradicional como institución y que el matrimonio gay le abriría la puerta a la adopción, lo que podría ir en contra de los derechos de los niños.
En esa posición lo acompañarían -según los antecedentes del debate- los magistrados Nilson Pinilla y Jorge Pretelt. Sus argumentos son los mismos que ha esgrimido el procurador Alejandro Ordóñez, quien en su concepto a la Corte, por segunda vez, pidió rechazar la demanda.
En la otra orilla, según las fuentes consultadas, estarían de entrada cuatro de sus colegas: María Victoria Calle, Luis Eduardo Vargas, Iván Palacio y el actual presidente de la corporación, Juan Carlos Henao.
Los que están a favor
Aunque nadie descarta sorpresivos cambios de opinión frente al polémico tema en medio del debate, hace ocho meses los miembros de la Corte dejaron ver cómo votarían. En ese momento, la Corte se abstuvo de resolver de fondo.
La ponencia estaba a favor de reconocer ese derecho y la elaboró la magistrada Calle. Henao, Palacio y Vargas votaron a favor, pero fueron derrotados.
El proyecto de fallo decía que hombres y mujeres son libres de contraer matrimonio sin importar el sexo de su pareja. Lo contrario sería discriminatorio.
Lo que decidan los otros dos miembros de la Corte, los magistrados Humberto Sierra y Mauricio González, inclinará la balanza. En el debate pasado, ambos votaron porque no se decidiera de fondo y pidieron contar con más argumentos para el debate.
Sierra considera que no se trata de un tema jurídico sino legislativo; esto es, que lo resuelva el Congreso con una ley. González, si bien apoya la posición de Sierra, parece más cercano al grupo que votarían la ponencia negativa.
El hecho es que, dicen los propios magistrados, la Corte que ha reconocido en los últimos cinco años los derechos de los gays dirá ahora si Colombia entra al club de estados (son 12 en todo el mundo) que consideran legal el matrimonio homosexual.
Derechos conquistados
En el 2007, con una ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, la Corte extendió la unión marital de hecho a las parejas del mismo sexo. Un año después, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, se les reconoció a las parejas homosexuales los mismos beneficios de seguridad social que a las heterosexuales. Y ese mismo año, les reconoció derecho a heredar la pensión de sus parejas en caso de fallecimiento.
Un tema en todo el mundo
En 12 naciones se ha aprobado unión entre homosexuales
Hasta ahora solo Canadá, Noruega, Suecia, Islandia, Portugal, España, Países Bajos, Bélgica, Sudáfrica, Argentina, México y los estados de Vermont, Massachusset y Nueva York, en Estados Unidos, han aprobado el matrimonio civil para los homosexuales. En la mayoría de ellos, la aprobación se dio por leyes. Hoy en el mundo hay cinco países, entre ellos Irán, Somalia y Sudán, que aplican la pena de muerte a los gays, y en otras 75 naciones se les imponen penas de prisión. De hecho, hasta hace apenas 30 años el homosexualismo era delito en Colombia.
SE GENERA FUERTE DISPUTA POR LAS PENSIONES MÁS ALTAS DEL PAÍS
Fallos ordenan pagos por encima de tope legal. Procuradora a punto de jubilarse los avala.
Desde el 2005, más de cien servidores públicos se han ganado una especie de lotería en los juzgados. Con tutelas y demandas, antiguos procuradores, magistrados, fiscales y miembros del Consejo Electoral, entre otros, han logrado que el Estado les liquide sus pensiones por encima del tope legal, que se estableció hace seis años en un acto legislativo: 13'375.000 pesos al mes.
A pesar de ese mandato, los jueces ordenan mesadas hasta de 25 millones, en aplicación de diferentes regímenes. Esto, como lo advirtió hace una semana el presidente Juan Manuel Santos, podría costarle al país entre 11 y 20 billones de pesos, lo que pone en riesgo el sistema pensional.
EL TIEMPO tuvo acceso a un informe del alto gobierno según el cual el Seguro Social tiene en su nómina a 74 de estos jubilados, que le valen al erario 14.400 millones de pesos al año. Y en Cajanal, el panorama es similar.
Esos casos terminaron en los juzgados luego de que Cajanal y el Seguro se negaron a aplicarles la Ley 33 de 1985 (o régimen de transición) y otras normas que contemplan factores salariales especiales (como los de congresistas) y que disparan las mesadas.
Tanto el Seguro como Cajanal rechazan esas pensiones con base en jurisprudencia de la Corte Suprema, que respeta el tope impuesto, restringe el factor salarial -sin bonificaciones ni primas- y promedia la mesada a partir de lo devengado en los últimos 10 años. También las niegan porque, dicen, no todos los solicitantes cumplen los requisitos.
Pero, con base en jurisprudencia del Consejo de Estado, los jueces siguen ordenando los desembolsos, alegando la protección del debido proceso, la igualdad, la vida digna y la seguridad social, entre otros derechos.
Así, la ex fiscal Marta Luz Hurtado obtuvo una pensión de 21 millones y la ex presidenta del Consejo Electoral Adelina Covo, otra de casi 18 millones. Ex magistrados y ex consejeros de Estado -algunos de los cuales exigieron no ser mencionados- también gozan de mesadas superiores al tope legal.
Choque de jurisprudencias
Inicialmente eran casos aislados, pero el lío arreció en noviembre, cuando el procurador Alejandro Ordóñez, invocando funciones preventivas, conminó al Seguro y a Cajanal a "respetar derechos adquiridos" y ajustar las mesadas al régimen de transición.
La directriz, que despertó múltiples dudas, fue reiterada en febrero y abril por Diana Ojeda, delegada de la Procuraduría para la Seguridad Social, so pena de sanciones.
Ojeda -quien simultáneamente le está pidiendo al Seguro que la jubile- recalcó que no se debe aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, sino las del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que son las que, en criterio del Gobierno, disparan las mesadas.
Ante el choque de jurisprudencias, el Procurador y los ministros de la Protección Social, Mauricio Santa María, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, acordaron pedirle a la Corte Constitucional que unifique las normas, pero aún no hay respuesta y voceros del tribunal dijeron el viernes que no van a hablar del tema.
Mientras eso pasa, Ojeda dio la instrucción de que la jurisprudencia que rige, hasta que se pronuncie la Corte, es la del Consejo de Estado y por eso ya pidió investigar a la directora del Seguro, Silvia Ramírez, que se limita a seguir las políticas de su entidad (ver 'No estoy impedida').
'No estoy impedida'
Habla delegada para la Seguridad Social
Según Diana Ojeda, lo que hace la Procuraduría es repetir normas (como el Acto Legislativo del 2005) que obligan a acatar jurisprudencia del Consejo de Estado. "La propia Corte Suprema ha dicho que, tratándose de servidores públicos, el juez competente es el contencioso (Consejo de Estado)", explicó. Según ella, esto deberá ser así hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. Sobre los fallos que obligan a pagar pensiones por encima del tope, dijo que las personas pueden buscar por esa vía lo que el Estado (Seguro Social y Cajanal) les niega. "Una cosa es el legítimo derecho (de las personas) y otra la sostenibilidad financiera (de la Nación)", acotó. Además, aseguró que no está inhabilitada para defender desde su cargo esa postura y a la vez pedir su pensión. "No he pedido que me apliquen ningún régimen. Que hagan allá lo que quieran. Es un derecho que me asiste. Mi función es hacer cumplir la ley".
Beneficiados con sentencias las defienden
Aseguran que sus solicitudes se sustentan en jurisprudencia del Consejo de Estado.
Marta L. Hurtado
Ex fiscal delegada
Entutelé porque el Seguro no me reconoció derechos adquiridos por más de 15 años de servicio. Otros, con un mes en un tribunal, piden y obtienen esos regímenes.
Álvaro Pérez
Ex magistrado
Entutelé porque el Seguro me la negó sin fundamento. Reconocía que yo llenaba todos los requisitos, pero me faltaba tener 62 años. Totalmente equivocado.
José Herrera V.
Ex magistrado
El Seguro insistía en que no me cubría el régimen especial, a pesar de 28 años de servicio. Entutelé y pedí el derecho a la igualdad frente a otros a los que se las dieron.
César Valencia C.
Ex magistrado
Cajanal dice que no cumplía requisitos, pero ya tenía 36 años de servicio y 56 de edad. El juez de tutela reconoció que yo tenía derechos adquiridos.
Adelina Covo
Ex consejo Electoral
El Seguro sólo reconoce regímenes ordinarios, y a mí me cobija el de las altas cortes, como lo dijo el juez de tutela. Hay jurisprudencia del Consejo de Estado que respalda mis derechos.
José g. Hernández
Ex magistrado
La tutela no procede en estos casos y tampoco la Corte Suprema. Demandé a Cajanal porque decía que no tenía la edad, y el Consejo de Estado me reconoció derechos que tienen los magistrados.
JUAN CARLOS ESGUERRA SERÁ EL MINISTRO DE JUSTICIA
El presidente, Juan Manuel Santos, confirmó ante los medios de comunicación la noticia.
Esguerra, quien fue ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper, afirmó que tiene "enormes ganas de trabajar por las causas más lindas que conozco: las de la Justicia y el Derecho".
El anuncio de Santos se produjo minutos antes de una crucial reunión en la que el Gobierno buscará conciliar con las altas cortes la redacción del proyecto de la reforma de la Justicia.
Esguerra es especialista en derecho administrativo y de derecho constitucional, es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Socioeconómicas, y maestría en Derecho de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.
El futuro ministro pertenecía al grupo de los cinco opcionados para quedarse con el cargo de ministro de Justicia. Competía contra Fernando Carrillo, Manuel José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, y Alfonso Gómez.
EDITORIAL: BALANCE MEDIOCRE
Los informes de seguimiento del cumplimiento de las órdenes emitidas hace tres años por la Corte Constitucional para enderezar el sistema de salud, presentados por Gobierno, entes de control, congresistas y expertos, son el reflejo de 18 años de problemas acumulados, a los que se les dieron soluciones superficiales.
La falta de claridad en el contenido de los planes de beneficios, la imposibilidad de saber cuántos afiliados hay, de qué se enferma y se muere la gente en este país, cuánto cuesta la salud de cada uno y cómo se gestionan y fluyen los recursos, son dificultades cuya permanente visibilización parece haber anestesiado a los responsables de resolverlas durante casi dos décadas.
Las consecuencias están a la vista: pese a contar con recursos suficientes y a haber pasado por ruidosas reformas que prometieron mejorar las cosas, hoy, a juicio de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se siguen violando los derechos de los afiliados, sin contar con las graves denuncias de corrupción, que investigan la Contraloría y la Fiscalía.
Nadie desconoce que el 96 por ciento de los colombianos tienen algún tipo de cobertura y que han mejorado algunos indicadores; infortunadamente, estos logros no son proporcionales a los esfuerzos e inmensos recursos que el país ha destinado a este campo y que palidecen ante las constantes quejas de la gente por la mala calidad de los servicios.
Hace tres años, ante el nefasto panorama de la salud, el máximo tribunal no solo entregó un diagnóstico desolador sobre el tema, sino que propuso las soluciones, definió responsables y hasta fijó un cronograma. Todo en una sentencia, la T-760, que es una verdadera bitácora para la salud.
Lo que no se puede entender es que, pese a eso, y según el informe presentado por la Procuraduría, todos los actores del sistema hayan incumplido tales órdenes.
¿Qué más falta para que se entienda que el país necesita un modelo centrado en la gestión del riesgo, fundado en principios de promoción y prevención, con normas claras para sus actores y medido a través de indicadores sanitarios?
Hace rato está claro que la excesiva intermediación no solo entorpece la atención de la gente, sino que favorece y ampara la corrupción. Entonces, ¿por qué no se toman medidas drásticas e inmediatas para regularla?
A estas alturas no suenan descabelladas propuestas como la del ex presidente César Gaviria Trujillo, quien considera que las empresas promotoras de salud (EPS) deberían configurarse como verdaderas aseguradoras y ser vigiladas por la Superfinanciera, para garantizar la estabilidad del sistema. Esto iría en la misma vía de la intención del Gobierno de reducir el número de EPS y dejar solo a las fuertes en lo económico. El propósito es que se concentren únicamente en gestionar el riesgo.
También es urgente definir el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud y las medidas y el modelo para garantizarlo en condiciones de equidad y eficiencia para todos los colombianos.
Esto, que debe construirse sobre lo recorrido y con el concurso de actores del sector, desprovistos de intereses y que estén realmente dispuestos a contribuir a las soluciones, es un complemento vital para las pertinentes medidas que viene tomando el ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María.
No de otra forma se evitará que siga habiendo balances mediocres, como los conocidos el jueves en la audiencia de la Corte Constitucional, con el lamentable telón de fondo de las protestas de los pacientes.
EDITORIAL: MÁS QUE UNA CITA CUALQUIERA
La cumbre que congregará desde mañana en el centro de Bogotá al Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia, los integrantes de las altas cortes, la Fiscal General, el Procurador y una serie de distinguidos abogados, entre otras personas, no es una cita cualquiera. Se trata de la última etapa antes de que el Ejecutivo presente a consideración del Congreso su proyecto de reforma constitucional de la Justicia, el próximo 20 de julio.
El objetivo de la reunión no es otro que tratar de llegar a acuerdos fundamentales sobre los cambios que requiere una de las piedras angulares de la institucionalidad colombiana. En el escenario ideal, el texto que será radicado en el Capitolio será el resultado de consensos que permitirían impulsar una transformación radical en un área en la que abundan los problemas. Lamentablemente, todo indica que ese no va a ser el caso, pues, a pesar de la búsqueda de un terreno común, conseguir un entendimiento ha sido, hasta ahora, imposible.
Ante esa perspectiva, hay que hacerles un llamado a quienes van a estar sentados alrededor de la mesa de negociación para que a sus intereses individuales o gremiales antepongan lo que desea la ciudadanía, que es pronta y cumplida justicia.
Ese, el de solucionar la inoperancia de un sistema que cuesta mucho y entrega poco, debe ser el objetivo central de una serie de cambios que no son fáciles, a la luz de la controversia política o de los palos en la rueda que ponen quienes defienden el estado actual de las cosas.
Sin embargo, pretender que nada cambie es totalmente inaceptable. Para solo citar un ejemplo, de muchos que hay disponibles, un informe que elabora el Banco Mundial muestra que Colombia ocupa el puesto 178 entre 183 países a la hora de hacer cumplir judicialmente un contrato. La duración promedio de un proceso de este tipo tarda 1.346 días, tres veces más que en Chile y México. En el planeta, solamente están peor India, Bangladesh, Guatemala, Afganistán y Surinam, lo cual no es precisamente un motivo de orgullo.
Como resultado de esa situación, la desconfianza del público en el sistema es grande. La tutela, que nació con la Constitución de 1991, posee un gran arraigo popular, pero su uso masivo -que se acerca al medio millón de demandas por año- tiene que ver con que es considerado el único mecanismo para lograr un acceso eficiente a la Justicia. En consecuencia, el desafío es que los demás engranajes de la maquinaria -que hoy se encuentran oxidados y atascados- empiecen a moverse, para que los jueces fallen a tiempo, tanto en lo penal como en lo civil, lo laboral, lo contencioso-administrativo y lo electoral.
Ante la existencia de esa prioridad, cualquier otro tema debe tener un papel secundario. Para decirlo con precisión, el Gobierno ha hecho una propuesta interesante y valerosa, pero esta tiene tantas aristas y pisa tantos callos, que para algunos es más fácil rechazarla de plano que concentrarse en la meta de acortar los términos para que se adopten las decisiones judiciales, al tiempo que se respeta el debido proceso.
De manera que existe el peligro de fracasar si se combinan las ideas orientadas a dotar de nuevas herramientas al sistema de Justicia, junto con las que pueden ser vistas como un atentado al frágil equilibrio entre los poderes públicos.
Dicho con claridad, es de la mayor importancia que entren en vigencia mecanismos para que los fallos tarden menos en conocerse. Estos incluyen promover el arbitraje y la conciliación o darles funciones jurisdiccionales a algunos servidores judiciales, abogados en ejercicio o notarios. En cambio, no parece tan urgente cambiar el sistema de elección del Procurador o de los magistrados.
Por otra parte, hay quienes cuestionan la viabilidad de una iniciativa que toca nada menos que 28 artículos de la Constitución, lo cual tiene muy pocos precedentes en la vida republicana. En algunos casos, la modificación de la Carta Política es inevitable, pero algo tan ambicioso puede asemejarse a abrir una especie de caja de Pandora que, al destaparse, dejaría salir más de un inconveniente demonio.
Hecha esa advertencia, hay prioridades que no se pueden desconocer, aparte de la central ya mencionada. Estas incluyen una reforma del Consejo Superior de la Judicatura, que es fuente de muchos de los vicios actuales de la Rama y cuya cirugía puede ser total o parcial, pero no inexistente. También hay que determinar cómo se juzga a los funcionarios estatales más altos, incluyendo a los congresistas, siempre y cuando no se le abran las puertas a la impunidad. Un tema técnico infaltable es el de los precedentes judiciales, el cual les daría a las diferentes cortes un punto de partida común. Y tampoco se puede olvidar el asunto de las tutelas en contra de ciertas sentencias, que tanto contribuyen al conocido choque de trenes.
Todo lo anterior demuestra que hay un gran trabajo por hacer y que este no da más espera. A sabiendas de que el camino que ahora comienza es arduo, sería ideal que todos los interesados en que la Justicia mejore en Colombia empezaran a caminar en la misma dirección. Ese, lamentablemente, no ha sido el caso en oportunidades pasadas. Ojalá sea así en la que ahora llega.
EL ESPECTADOR
JUAN CARLOS ESGUERRA, NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA
El presidente Santos lo presentó en rueda de prensa este lunes.
Juan Carlos Esguerra nuevo Minjusticia
El exministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como el nuevo ministro de Justicia del actual gobierno.
Al amparo de la reapertura de esa cartera que se concretará en los próximos días, el Jefe de Estado dio a conocer al nuevo jefe de despacho para el área de la justicia.
El designado ministro de Justicia fue Viceministro de Comunicaciones entre 1974 y 1976, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, Ministro de Defensa desde 1995 a 1997 y embajador de Colombia en Estados Unidos desde 1997 a 1998.
"Esguerra tiene una amplia y destacada trayectoria. Ha sido Ministro de Defensa, Embajador en Washington, Constituyente, conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, entre otros cargos", dice el comunicado de prensa de la Casa de Nariño.
El Jefe de Estado resaltó que Esguerra es conocido por el país y por toda la rama judicial, y dijo que lo posesionará tan pronto esté listo el nuevo Ministerio, y que mientras tanto “hará su papel de Ministro designado con todo el respaldo del Presidente de la República”.
ADOPCIÓN EN PAREJAS GAY
Arrecia crítica de la Iglesia a adopción por parte de homosexuales
En una nueva condena a esa idea, les recuerdan que “cuando mi papá se llama María Helena o mi mamá se llama Carlos Alberto, el niño no sabe al fin que es ser hombre o que es ser mujer”.
La aguda polémica entre la Iglesia Católica y la comunidad LGTBI del país apunta a crecer con el paso del tiempo, esto por cuenta del estudio que sigue la Corte Constitucional a la demanda para que se permita la adopción de menores a las parejas del mismo sexo.
El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, dijo que la Iglesia lo que defiende es “la institución del matrimonio que es la célula primordial de la sociedad y el tesoro de la humanidad”.
Para el prelado esa adopción es “tremenda” porque el niño necesita de figuras claras para definir su rol sexual.
“Cuando mi papá se llama María Helena o mi mamá se llama Carlos Alberto el niño no sabe al fin que es ser hombre o que es ser mujer; no sabe que genitales corresponden a que roles…si hay personas que con padre y madre no logran identificarse qué tal con el caso de una pareja de homosexuales”, aseguró.
Igualmente, Monseñor confirmó que hay muchos católicos que están listos a demandar –en caso de ser positiva la respuesta de la Corte- el fallo que emita ese tribunal para permitir la adopción de parejas del mismo sexo.
“Son muchos laicos los que siendo médicos y abogados, y buenos católicos, están preparados para presentar la demanda”, señaló.
Iglesia no está contra homosexuales
En el mismo sentido, el secretario de la Conferencia Episcopal recalcó que “no estamos (en la Iglesia Católica) en contra de ustedes queridos hermanos y hermanas homosexuales, y queremos que sean respetados y esperamos que nunca vayan a ser atropellados”.
“Si quieren unirse, tener su seguro de salud y sus derechos patrimoniales nosotros no nos oponemos ni estamos en contra porque no interrumpimos las vidas personales”, aseguró.
VARGAS LL. ADMITE QUE AÚN NO HAY CONSENSO EN REFORMA A LA JUSTICIA
El ministro del Interior advirtió que aún así el proyecto será radicado el 20 de julio y la “última palabra” la tendrá en todos los temas el Congreso.
El Gobierno Nacional anunció que no habrá reversa en la radicación del proyecto de reforma constitucional de la justicia.
En entrevista con Caracol Noticias y Caracol Radio, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que aunque no hay consenso, el acto legislativo será radicado ante el Congreso el próximo 20 de julio, cuando se inician un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.
Detalles del proyecto
Vargas Lleras aseguró que el grueso del proyecto busca principalmente darle “seguridad jurídica” al país:
*Reglamentación de la tutela: la pregunta que sigue abierta en el proyecto es si debe haber sentencias de cierre de una y otro corte.
*Descongestión: mecanismos excepcionales para los dos millones 200 mil procesos represados.
Al referirse a los casos de los periodos de los magistrados, el ministro admitió que es partidario de ampliar los periodos de los altos juristas del país.
En el mismo sentido, Vargas Lleras dijo que “fundamental” elevar los requisitos para una magistratura.
Según él, se debe garantizar que los magistrados sean de una “larga trayectoria” y de un amplio de ejercicio académico.
Dentro de los requisitos contemplados está que con menos de 50 años no se pueda acceder a ser magistrado pues esa función, para Vargas, se debe ejercer al “final de una larga trayectoria”.
MODELO INSTITUCIONAL VS. MODELO ECONÓMICO
El modelo institucional colombiano es de centro izquierda, mientras que el modelo económico es de centro derecha.
Eso explica la confusión que genera las críticas que se le están haciendo a la Constitución del 91 por ser supuestamente neoliberal, a pesar de que consagró la figura de la expropiación sin indemnización, así como las que se le han hecho reiteradamente desde la derecha por permitir el entrometimiento de la justicia en materias económicas a favor de los derechos de los ciudadanos.
Los dos modelos son diferentes porque son fruto de acuerdos políticos distintos. La Constitución, más que una de las más consensuales de la historia colombiana, es la única que incluyó una representación significativa de fuerzas de izquierda. Por las especiales circunstancias de la coyuntura política, la elección de la Constituyente no estuvo dominada por el clientelismo tradicional, al punto que los constituyentes terminaron revocando el mandato de los partidos tradicionales en el Congreso. Pero además se dio durante un gobierno reformista, el de César Gaviria, que propuso algunas de las iniciativas constitucionales más progresistas en materia de derechos, de descentralización, de limitación del poder excepcional del gobierno, la tutela, entre otros. Por el contrario, el modelo económico lo definen las mayorías en el Legislativo y el Ejecutivo, que durante casi la mitad de la vigencia de la nueva Constitución han estado más a la derecha de la línea tradicional del bipartidismo en materia económica.
Pero a pesar de que la Constitución no es responsable por el modelo económico, no ha sido letra muerta en materia de defensa de derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Las sentencias de la Corte Constitucional sobre atención a la población desplazada, sobre servicio de salud, así como algunas declaratorias de inexequibilidad de leyes por aspectos formales, han sobrepuesto el modelo institucional sobre el económico, al punto que este gobierno recurrió a tramitar una ley de sostenibilidad fiscal para tratar de ponerles límites a los jueces constitucionales en materia presupuestal. La Constitución del 91 no sólo es joven, sino que ha regido durante un periodo difícil de criminalidad y violencia, que no es su consecuencia, y que ha privilegiado las vías de hecho sobre las de derecho.
Esta contradicción no es nueva, forma parte de la tradición liberal que dominó la política colombiana de la segunda mitad del siglo pasado. Y refleja la multiplicidad política de la Unidad Nacional. Tampoco es exclusiva. Nuestra arquitectura constitucional actual tiene rasgos similares a las de países avanzados, cuyos gobiernos de derecha conviven durante periodos con constituciones que respetan por considerarlas conquistas sociales propias de su modernización, y no como anatemas ideológicos. Por otra parte, la globalización homogeniza cada vez más los modelos económicos de los países, generando casos agudos de contradicciones entre los modelos institucionales y económicos como los de China o Vietnam. En pocas zonas del mundo se está llevando a cabo una discusión tan ideologizada sobre el papel del Estado, como la que está sucediendo en los países andinos hoy, y de la cual Colombia es la excepción.
EL NUEVO SIGLO
NO SERÁ FÁCIL PARA LOS PARTIDOS ATERRIZAR LA REFORMA POLÍTICA
El fortalecimiento de los partidos es uno de los pilares sobre el que está sustentado el Acto Legislativo 01 de 2009 ó Reforma Política, así como su respectiva ley estatutaria. Sin embargo es un proceso que luce será difícil, teniendo en cuenta, por ejemplo, que estas instituciones no tienen la mejor imagen ante la ciudadanía.
La Reforma Política descarga toda la responsabilidad en los partidos en materia de los avales que entreguen a los candidatos, en este sentido se implementa un fuerte régimen sancionatorio en caso de que le sean comprobados al candidato vínculos con organizaciones armadas ilegales y de narcotráfico
Además hace responsables a los partidos y movimientos políticos por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas.
Además la Reforma Política reafirma el concepto de transparencia en los partidos, entendida como el deber de de mantener permanentemente informados a sus afiliados sobre sus actividades políticas, administrativas y financieras.
Igualmente la norma propicia el fortalecimiento de la democracia al interior de las colectividades con principios como la igualdad, el pluralismo, las consultas y la equidad de género.
Este último aspecto es uno de los más importantes de la norma pues obliga a los partidos y movimientos políticos a que en sus listas a cargos populares haya un mínimo del 30% de un género, lo que en la práctica beneficia a la mujer
Grandes retos
La mayor dificultad que van a encontrar los partidos en este proceso de fortalecimiento es la falta de claridad programática, consideró Juan Gabriel Navarrete, coordinador de la oficina Jurídica de la Misión de Observación Electoral.
“No hay unos claros programas de ideologías y plataformas programáticas que identifiquen a los partidos, eso me parece una dificultad muy grande. Se encuentra uno que miembros de un partido, por ejemplo del Partido Conservador, terminan en el Partido Liberal. Eso es lo que parece simpático, que personas que supuestamente se encuentran adscritas a una organización partidista porque comparten una ideología, unos pensamientos y una filosofía, puedan de buenas a primeras simplemente por un aval, terminar adscritas a un partido que tiene en muchos casos ideologías, filosofías o pensamientos que en principio estarían opuestos”.
Navarrete añadió que otro aspecto que por el momento conspira para el fortalecimiento de los partidos es el fraccionamiento interno. Explicó que aunque es normal que al interior de una colectividad se presenten varias opciones, no lo es que cada una busque satisfacer sus intereses. Añadió que esto se ha agravado con el voto preferente, “donde los principales oponentes ni siquiera son las personas de otros partidos sino son los mismos militantes de un partido”.
Por su parte José Ricardo Puyana, coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática del Pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) señaló que el fortalecimiento de los partidos es un proceso difícil en el que se viene avanzando de forma esperanzadora. Destacó que la Reforma Política de 2003 condujo a un cambio en el sistema de partidos pues de más de 70 colectividades se pasó a una docena.
Añadió que si bien quedaron algunos aspectos pendientes, esto llevó a la Reforma Política de 2009.
“De manera que estos tres instrumentos, Reforma Constitucional del 2003, Reforma Constitucional de 2009 y Ley Estatutaria del 2010 son elementos que de forma progresiva han hecho o harán que este país avance en el fortalecimiento de los partidos”, indicó.
Por su parte el senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal) dijo que “es fundamental para que haya democracia, que existan partidos políticos fuertes. Creo que un nuevo código electoral va a ser una herramienta para fortalecerlos, un paso más adelante en el fortalecimiento de los partidos. Pero considero que en la agenda de fortalecimiento de los partidos la asignatura pendiente es la financiación de la política. Si no buscamos unos mecanismos que ofrezcan garantías, transparencia, igualdad en la financiación de los partidos y de las campañas electorales, no vamos a tener unas elecciones y una política justa y competitiva, como esperan los ciudadanos.
¿QUÉ SISTEMA ES MÁS IDÓNEO PARA ESCOGER FISCAL GENERAL?
Algunos piden dejarlo como está y otros respaldan la propuesta de que la Corte Suprema conforme la terna y el Presidente quien elija.
Aunque el tema de un cambio en el sistema de la elección del Fiscal General parecía archivado, hoy con la discusión del proyecto de reforma a la justicia que tendrá el Gobierno con las altas Cortes, podría reabrirse, pues ha habido voces en ambas Ramas que así lo han pedido.
De hecho, magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia han pedido que ya no sea ese alto Tribunal el que tenga la responsabilidad de escoger el director del ente acusador, sino que se invierta el sistema actual, es decir, que la Corte conforme la terna y sea el presidente de la República el que elija.
Hay que recordar, que ese sistema lo había propuesto Juan Manuel Santos en la campaña presidencial del año pasado, después del controvertido y prolongado proceso de elección del sucesor de Mario Iguarán Aldana. Sin embargo, el jefe de Estado no insistió en incluirlo en el proyecto de reforma judicial, después de las varias críticas que recibió el borrador de la iniciativa.
Pues bien, en la actual coyuntura no se descarta la posibilidad de incluir el cambio de sistema de elección, en la discusión de la reforma.
EL NUEVO SIGLO consultó a ex magistrados, ex fiscales y abogados penalistas para saber qué sistema es el ideal en la elección del Fiscal.
El ex fiscal Alfonso Valdivieso se mostró partidario de dejar el sistema como está, aunque no le disgustó la propuesta de invertirlo.
“Yo soy partidario de dejarlo como está. Sin embargo, no tengo argumentos en contra de la alternativa, que es que la Corte elabore la terna y el Presidente (de la República) escoja, que la verdad no se me hace que sea un cambio esencial. Puede darse el caso de que el presidente tampoco escoja y tampoco se soluciona el posible problema”, dijo el ex director del ente acusador.
El también ex fiscal Alfonso Gómez Méndez señaló que han sido propuestas suyas las que la Corte integre la terna y sea el Presidente quien escoja.
“Las dos propuestas que han planteado son mías, que se le quite a la Corte todas las funciones electorales y que se mantenga dentro del poder judicial, porque cumple (el Fiscal) funciones judiciales, pero para evitar situaciones como la de la elección pasada, que la terna la haga la Corte (Suprema de Justicia) porque es la que conoce más los juristas del país, aunque no necesariamente tiene que ser terna, puede ser una lista de cinco o diez juristas que la Corte conozca, de la que el Presidente elija”, afirmó Gómez.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema, Pablo Cáceres, le suena la idea de que el presidente elija fiscal, pero no de una terna sino de una lista de seis nombres, enviada por el alto Tribunal.
“Nosotros en la comisión que se hizo para la reforma a la justicia, compuesta por ex presidentes de la Corte (Suprema de Justicia) y del Consejo de Estado, propusimos que el fiscal fuera nombrado por el Presidente de la República de una lista de seis candidatos que elaborara la Corte Suprema de Justicia.
No se deja reducida la lista a tres candidatos, que si por cualquier razón uno no puede o se desbarata la terna, se desintegra en su totalidad”, explicó.
Por último, el abogado penalista Jaime Granados criticó los dos modelos mencionados y sugirió que sea el presidente el que conforme la terna y el Senado el que elija.
“No estoy de acuerdo con ninguno de los dos, porque ese proceso electoral no va con la naturaleza de la Corte (Suprema de Justicia), porque es un tribunal de casación, órgano de cierre de la justicia ordinaria, y ese no es un tema judicial sino, como está establecido en la Constitución, de política criminal, y quien rige la política criminal del Estado es el Presidente de la República, en asocio con el Congreso. Yo soy partidario del sistema que hay en Estados Unidos, que ha demostrado ser el más prudente y transparente en esa materia, en donde el presidente (de la República) es el que conforma la terna y el Senado quien elija”, señaló.
REVISTA SEMANA
REFORMA AL ESTADO, MÁS QUE TRES NUEVOS MINISTERIO
El presidente Juan Manuel Santos dio varios apuntes de la reforma al Estado ante una comisión de parlamentarios que se ha reunido en la Casa de Nariño antes que el gobierno últime los decretos administrativos El gobierno ultima los detalles de los decretos con los que hará un auténtico revolcón a la administración del Estado. Cuatro agencias modificarán algunas entidades que serán liquidadas en busca de mayor eficacia. No habrá decretos antes del 20 de julio.
Han pasado cuatro meses desde que el Congreso le otorgó las facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para reestructurar el Estado. Sobre el papel, las facultades fueron reclamadas por el Ejecutivo para revivir tres ministerios, fusionados en 2002, pero son tan amplias que con ellas se pretende hacer una cirugía de varias entidades estatales.
Aunque aún quedan dos meses para que se venza el plazo, a juicio de los parlamentarios que integran la comisión de seguimiento a la reforma del Estado, el gobierno tiene a punto la mayoría de las reformas.
Sin embargo, según revelaron algunos congresistas, los decretos serán expedidos de forma paulatina, y el propósito de tenerlos antes del 20 de julio, probablemente se posponga.
“El gobierno piensa tomarse todo el plazo”, dijo el representante Camilo Abril (Cambio Radical) quien integra la comisión de seguimiento, pese a que ya tiene un completo estudio elaborado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Probablemente, el decreto que se anticiparía sería el de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Semana.com conoció que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le dio instrucciones al actual director de la entidad, Juan Carlos Restrepo, de ultimar el decreto para que pueda ser expedido por el gobierno en la primera quincena de julio.
Ministerio de Justicia, lo más adelantado
Otro decreto que se adelantaría sería el de la creación del ministerio de Justicia. Hay varias razones que lo explican.
Por logística, la separación de la cartera política de la de justicia es la más adelantada. El gobierno ya tiene la nueve sede del ministerio del Interior y la designación del nuevo ministro de Justicia es la que más adelantada tiene el presidente Juan Manuel Santos.
Además, algunas de las funciones de la DNE serán asumidas por uno de los dos viceministerios que quedarán adscritos a la cartera de justicia. Así mismo, el actual presidente de la Cámara, representante Carlos Alberto Zuluaga (P. Conservador), le reveló a Semana.com que la reforma a la justicia “será liderada en el Congreso por el nuevo ministro”, otro de los apuntes que hacen previsible que este decreto se adelante.
El próximo ministerio de Justicia tendrá dos viceministerios. El primero, según explicó el ministro Germán Vargas Lleras, se encargará de los temas de eficiencia de la Rama, como el acceso a la justicia, la celeridad de los procesos y la descongestión.
El segundo viceministerio tendrá dos retos cruciales: justicia transicional (ley de víctimas, justicia y paz, etc.) y la política antidrogas (funciones que tenía la DNE).
Aunque sólo faltaría ajustar algunos detalles, el ministro del Interior también explica que el decreto se expedirá luego de las sugerencias de los magistrados de las altas cortes sobre la nueva cartera. Unas sugerencias que podrían quedar consignadas la próxima semana cuando el gobierno se reúna en Medellín con las altas cortes, y cuyo tema principal será la búsqueda de un consenso para la reforma a la justicia.
Y en este ministerio se creará una Agencia Nacional para la Defensa Jurídica de la Nación, que se encargará de responder todas las multimillonarias demandas que cursan contra la Nación en diferentes tribunales contenciosos y administrativos.
Las nuevas agencias
En cuanto a las agencias se pretende crear la de Infraestructura, que asumirá todas las funciones que hoy tiene el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), entidad que, según el gobierno, ha estado politizada, según reveló el representante a la Cámara Camilo Andrés Abril.
Carlos Alberto Zuluaga también reveló que el gobierno evalúa varios estudios sobre la reestructuración de Coldeportes, entidad que saldría de la tutela del ministerio de Cultura y que tendría una mayor independencia y mejores recursos para convertirse en lo que sería el Instituto Nacional del Deporte.
El gobierno ya había anunciado la creación de la agencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que sustituirá en sus funciones a Ingeominas, que también será liquidada.
Y frente a la liquidación del DAS, el decreto se pospondrá hasta que sea sancionada la ley de inteligencia, aprobada por el Congreso este semestre. Estas funciones serán asumidas por la Agencia Nacional de Inteligencia.
El gobierno ya ha expedido un par de decretos que permiten el aumento de la planta de personal de la Fiscalía, un instrumento jurídico que permitirá que actuales agentes del DAS, encargados de funciones de policía judicial, sean traslados al Cuerpo Técnico de Investigación del organismo acusador.
Aunque el pasado mes de marzo, cuando el Congreso entregó las facultades al presidente para reformar el Estado, el Ejecutivo se había comprometido a tener esta nueva estructura el 20 de julio, el gobierno se tomará el tiempo que le entrega la ley, es decir hasta el mes de septiembre.
CRÓNICA PRESIDENCIAL
El presidente Gaviria, fotografiado en la Casa de Nariño por el lente de Patricia Rincón, en momentos en que el país vivía la euforia de un cambio con la nueva Constitución y el miedo al terror de las mafias del narcotráfico.
En un relato en primera persona, el entonces presidente César Gaviria narra cómo se abrió camino la Constitución del 91 en medio de las bombas y la amenaza narcoterrorista de Pablo Escobar.
La celebración de los veinte años de la Constitución de 1991 ha sido una magnífica oportunidad para reflexionar sobre sus positivos resultados en materia de la consagración del Estado Social de Derecho.
Voy a mencionar algunas circunstancias de ese proceso no con precisión histórica, sino con base en los recuerdos que tengo. Por allá en 1989, en el momento más álgido del terrorismo y en medio de un ambiente macabro, quise darle un toque optimista a mi campaña presidencial y me comprometí con un revolcón histórico a las instituciones, pero debo confesar que con una expectativa aún vaga de los cambios y muchas incertidumbres en el campo político.
Hacia la mitad de la administración Barco, Fabio Ochoa Vásquez salía libre de La Picota por una decisión de hábeas corpus, y el gobierno, como nunca antes, se veía impotente frente a la sangrienta ofensiva del narcotráfico, en ese entonces dirigida contra los jueces ante la más mínima acción judicial en su contra. En medio de estas circunstancias y cuando regresaba de un rápido viaje al exterior, me encontré con un titular de El Espectador a seis columnas que decía "Vergüenza".
En esos momentos estábamos en el comienzo de lo que iba a ser -pero aún no se avizoraba- una cruzada por defender unas instituciones que cada vez tenían menos lustre y con unos instrumentos de excepción, el artículo 121 de la Constitución de entonces, que ya no intimidaban a nadie y habían perdido toda su fuerza. Por momentos parecía que el gobierno tambaleaba. A los pocos meses de posesionarse Barco, ya las mafias del narcotráfico habían asesinado a Guillermo Cano, un adalid contra las mafias del narcotráfico. Ese episodio fue muy dañino para el gobierno y tremendamente intimidante para los periodistas. En esa época secuestraron a Andrés Pastrana y asesinaron al procurador Carlos Mauro Hoyos. Vivíamos entonces en medio de un enfrentamiento sangriento que se había iniciado con el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla.
Parte de estos hechos ocurrieron a pesar de que habíamos creado la Jurisdicción de Orden Público, que tenía jueces sin rostro y testimonios secretos, y aseguraba protección total a estos funcionarios y a sus familias y localización en una sola ciudad y en las mismas instalaciones. Recogimos en ella buena parte de la legislación antimafia italiana. Estábamos entonces en pleno desarrollo de las marchas campesinas armadas impulsadas por el ELN y que congregaban a cientos de manifestantes. Ellas tuvieron su máxima expresión de anarquía el día en que una de ellas terminó en Santander con la muerte de un coronel, varios soldados y campesinos. Esto ocurrió el mismo domingo en que secuestraron a Álvaro Gómez mientras el presidente Barco estaba en una gira oficial por Europa. Pudimos desmovilizar la marcha gracias a una intervención por televisión al estilo de la orden de dormir de Carlos Lleras después de las elecciones presidenciales del 70. Superamos esa dificultad, pero nos quedaba el desafío del secuestro de Gómez, que pasaría a ser la prioridad del gobierno y la mía propia como ministro de Gobierno.
Para entonces, en las mañanas de los sábados, el presidente Barco atendía al buen director de Instrucción Criminal, Carlos Eduardo Mejía, quien llevaba testigos a Palacio para que el presidente se formara una opinión y diera a la fuerza pública una orden perentoria para detener a determinado paramilitar o capo del narcotráfico, muchos de los cuales actuaban en complicidad con militares y algunos terratenientes, principalmente de Puerto Boyacá, que ya con Urabá, Córdoba, Meta y Casanare eran el epicentro de los focos de terror. En esas regiones, ellos empezaban a imponer su régimen cruel que pronto nos trajo a la memoria los peores recuerdos de lo que los colombianos eufemísticamente llamamos la Violencia.
En ese entorno empezaron a darse las grandes masacres de Urabá ordenadas por los hermanos Castaño, aliados de Escobar y del Mexicano, que ya estaban en plena tarea de exterminar a los miembros de la Unión Patriótica, uno de los más vergonzosos capítulos de nuestra historia. A la Unión Patriótica se le acusaba de ser el brazo político de la guerrilla, y en eso coincidían algunos círculos de opinión y columnistas de la capital.
Algún fin de semana, con Fernando Cepeda, entonces ministro de Comunicaciones, le presentamos a Barco una idea que se había empezado a discutir en el entonces llamado "sanedrín" para convocar un plebiscito como el de 1958, que nos permitiera refrendar unas propuestas de reforma constitucional. El primer borrador de esa idea lo hizo Manuel José Cepeda, recién llegado al país después de hacer una maestría en Estados Unidos. El impacto político y de medios fue impresionante. Álvaro Gómez, desde su editorial de El Siglo, lo llamó el plan para un asalto perfecto a una joyería.
El texto contenía lenguaje constitucional afortunado y tuvimos una de las primeras señales de que el país quería recorrer un camino como ese. Súbitamente dejamos atrás las masacres y las fugas, y el país se centró en la urgencia de lo que vagamente llamábamos "un cambio político profundo".
Misael Pastrana, entonces jefe del conservatismo, señaló de manera contundente e inequívoca su disposición para hacer un pacto bipartidista con el fin de sacarlo adelante. Después de su irreductible oposición de esos años al gobierno, el gesto demostró que con esa propuesta, detenida rápidamente por el Consejo de Estado, el germen se había sembrado.
De allí en adelante trabajamos en una reforma constitucional que en una primera vuelta me correspondió tramitar como ministro durante la legislatura de 1988. Allí tuve la ocasión de conocer de cerca a Luis Carlos Galán, quien, con Hernando Durán, buscaba hacer de la reforma una de las bases para la unión liberal. Ya hablábamos entonces de la Fiscalía General y de otras instituciones hoy vigentes, pero lo más interesante es que en ella se consignó la primera carta de derechos fundamentales, cuyo origen fue un primer borrador de Carlos Restrepo Piedrahíta, con intervenciones de Manuel José Cepeda y del profesor Sáchica. Los editorialistas y columnistas fueron en extremo desfavorables y pocos tuvieron la benevolencia para aceptar que la idea merecía ser discutida.
A principios de 1989 se produjo el atentado en el que perdió la vida José Antequera y que dejó gravemente herido al entonces precandidato liberal Ernesto Samper. Pero lo peor estaba aún por venir. El 18 de agosto de ese mismo año, con diferencia de pocas horas, fueron asesinados Luis Carlos Galán, el magistrado de la Corte Suprema Carlos Valencia y el comandante de la Policía de Antioquia, Valdemar Franklin. Fue el inicio formal del peor coletazo del narcoterrorismo de Escobar y sus secuaces. Vino el periodo de las bombas que a todas horas estallaban en todas las ciudades de Colombia, de la bomba al edificio del DAS, del derribo del avión de Avianca y del cruel asesinato de los candidatos Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo.
Para las elecciones de marzo hubo algo más de calma, aunque cayó vilmente asesinado Federico Estrada Vélez por no cumplir los designios de Escobar, y se dio la muerte indiscriminada de más de cuatrocientos policías de Medellín por los que Escobar pagaba dos millones de pesos, muchos de ellos asesinados cuando, vestidos de civil, iban a visitar a sus familias.
Después de ser elegido en la consulta liberal, el desafío era llegar vivo a la presidencial. Los pocos actos públicos que realizamos fueron con precauciones inauditas y al final las autoridades me pedían que no me moviera de mi apartamento.
Cuando en esas semanas se dio de manera espontánea el grito de la séptima papeleta por parte de los estudiantes, creo haber sido uno de los primeros en apoyarla, aunque si no estoy mal, todos los candidatos lo hicimos. El presidente Barco se entusiasmó con la idea y me mandó consultar si yo lo defendería de las eventuales venganzas de sus enemigos, ya que expedir por decreto la contabilización de las papeletas podría darles un pretexto para un juicio político.
La votación por ella fue abrumadora: no hubo resistencia alguna y la voluntad política de todos los partidos y movimientos fue expresa y entusiasta. Concluida también la elección presidencial, vino un periodo de calma y espera. Hacia julio de 1990 comenzamos reuniones diarias con representantes de todos los partidos y movimientos representados en el Congreso.
Se inicio así el proceso de buscar el mecanismo para convocar la Asamblea Constituyente. Además de Manuel José Cepeda, participaron en ese proceso, entre otros, Fernando Carrillo y Andrés González. Se hicieron las consultas, y el único antecedente que tenía alguna posibilidad de éxito era la convocatoria del plebiscito de 1958, que se hizo a partir de un acuerdo de los dos partidos y de las sentencias de la Corte Suprema que hablaban del poder constituyente soberano y que habían avalado el decreto de Barco, indicando que el pueblo podía autoconvocarse. Lo que vino después fue un trabajo que comenzaba a las seis de la tarde todos los días y que duraba hasta medianoche, discutiendo el temario, las ideas que cada sector tenía.
El gobierno aportó un esquema de derechos y la tutela como instrumento para protegerlos, así como muchas de las ideas que sobre descentralización, derechos económicos, estados de excepción, control político, origen de los organismos de control, subsidios, fueron conformando un temario bastante vigoroso, por supuesto con las propuestas de todos los sectores. Ya para entonces, el presidente López Michelsen, muy reputado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional, reconocía que la Constituyente tenía cara.
El gobierno empezó con la idea d hacer una Asamblea de solo cincuenta miembros elegidos popularmente, y luego se amplió a setenta. Para resolver un impasse, llevamos a la mesa la idea de la circunscripción nacional, que dejó muy satisfechos a Salvación Nacional y a la Alianza Democrática M-19, pero que causó mucho recelo en los dos partidos tradicionales, sobre todo el Conservador. Al final revisamos entre todos el decreto de convocatoria, mi gobierno lo expidió y ya no quedaba otra opción que esperar a que la Corte Suprema, en su sabiduría, nos diera vía libre.
Mi optimismo era apenas moderado, pues la Corte Suprema había sido muy celosa como guardiana de la Constitución del 86. Después de varios días de intenso debate en el cual las fuerzas que estaban a favor y las que estaban en contra parecían parejas, se dio a última hora una transacción con el magistrado Hernando Gómez Otálora, en virtud de la cual él ofrecía su voto a favor a cambio de la derogatoria del temario. Con una exequibilidad declarada de manera muy estrecha, se dio vía libre a un proceso que se auguraba muy prometedor por la derogatoria del temario, pero que entrañaba riesgos mucho mayores. Lo demás es la historia del proceso en sí mismo, que debe ser materia de un examen diferente.
CARACOL RADIO
AVANZA CUMBRE ENTRE GOBIERNO Y CORTES SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA
De forma privada se dio inicio al encuentro final entre las cortes y el gobierno en las instalaciones del Ministerio del Interior.
La cumbre está siendo instalada por el presidente Juan Manuel Santos, quien presenta ante los magistrados de los altos tribunales al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien hará una breve presentación de lo que espera será su labor al frente de la nueva cartera.
La dinámica de este encuentro será como dijo el ministro del Interior, Germán Vargas, a Caracol Radio: por cada tema con divergencias habrá dos horas de discusión. Si no hay consenso, el tema se tratara en el Congreso, cuando la reforma sea radicada el próximo 20 de julio.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que él es muy respetuoso de los fueros de cada uno de los ministros.
“Tengo relaciones muy buenas con el ministro de Defensa y en general con todos (…) Cada loro en su estaca", indicó.
Vargas Lleras manifestó que "lo deseable es que los problemas internos de gobierno se resuelvan en el marco del Consejo de Ministros".
En cuanto su relación con el expresidente Uribe, el ministró dijo: “deje así”.
El ministro del Interior dijo que él es muy respetuoso de los fueros de cada uno de los ministerios.
MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN JUDICIAL EN CIVIL Y FAMILIA
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de las Funciones establecidas en la Carta Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, y en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la presente vigencia, aprobó la creación de un total de 1.037 cargos (319 Jueces, 17 magistrados y 701 cargos de apoyo) para la descongestión en las áreas de atención Civil, Civil-Familia-Laboral, Familia y Promiscuo, medidas cuyos gastos de funcionamiento ascienden a $29.998.469.941. Estas disposiciones atienden las necesidades de descongestión Judicial de 30 Distritos Judiciales y 1071 Municipios.
OPINE SOBRE LA LISTA DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS DE SALAS CIVIL Y PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
En desarrollo del proceso iniciado para la elaboración de las listas para proveer los cargos de Magistrado de la Sala de Casación Penal y de la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, vacantes por vencimiento del período constitucional de sus titulares, Doctor ALFREDO GOMEZ QUINTERO y Doctor PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA, se inscribieron 103 abogados. Quienes deseen manifestar alguna observación sobre los aspirantes a dichos cargos la podrá hacer hasta el día 15 de julio de 2011, en escrito que contenga claramente el nombre, documento de identidad y la dirección de quien formule la observación, dirigida al correo electrónico carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co, o a la Calle 12 No. 7-65, oficina Presidencia Sala Administrativa, piso 10 de Bogotá, D. C.
JUDICATURA PONE AL SERVICIO EL TABLERO DE CONTROL DE TÉRMINOS JUDICIALES
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura autorizó implementar y divulgar a nivel nacional el Sistema de Tablero de Control, el cual fue creado como herramienta para la aplicación del Artículo 9, de la Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial, señalando los términos perentorios para proferir sentencia en las respectivas instancias judiciales.
Este sistema de información ofrece un servicio de tecnología que pone a disposición de los funcionarios de a Rama Judicial y, en particular, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, una tabla que recoge centralizadamente los registros de las fechas de apertura y sentencia de los procesos judiciales y, consecuentemente, las herramientas para visualizar dichas fechas de manera que el usuario pueda determinar los compromisos que evitarían el vencimiento de términos.
Además, el Tablero de Control, cuenta con los elementos necesarios para medir la congestión de cada despacho judicial, permite saber de manera inmediata y gráfica la cantidad y porcentaje de procesos de cada especialidad, medir la eficiencia con la que el despacho ha trabajado en el tiempo o la cantidad de procesos trasladados por haberse vencido el tiempo exigido.
Desde la misma presentación de dicha herramienta la Judicatura ha dimensionado sus trascendentales resultados, con los cuales se busca dar cumplimiento a los principios de celeridad y eficacia de la administración de justicia, es por ello, que actualmente se encuentran en elaboración la propuesta para hacerla extensiva a otras jurisdicciones y especialidades, entre ellas, la Contencioso Administrativo, Penal, Laboral y Familia.
CONSEJO DE ESTADO ELIGIÓ A JOSÉ AGUSTÍN SUÁREZ ALBA COMO NUEVO MAGISTRADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En sesión de Sala Plena realizada este martes 28 de junio, el Consejo de Estado eligió al Abogado José Agustín Suárez Alba como nuevo Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El doctor Suárez Alba entra a reemplazar al doctor Hernando Torres Corredor, quien se retiró de esa Corporación al cumplir su período.
Suárez Alba es Abogado de la Universidad del Rosario, Magíster en Dirección y Gestión de Los Sistemas de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España).
Se desempeñó como Comisionado Nacional para la Policía Nacional, Fiscal Superior de Bogotá; Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Tribunal Superior de Bogotá y del Tribunal Superior de Tunja; Juez Penal Municipal de Ramiriquí y Juez Promiscuo de Guateque.
Fue Decano de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova”, y catedrático de Normatividad Penal y Disciplinaria Aplicable a la Acción Policial, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal en la Universidad de la Sabana y la ESAP.